View Details Los jueces se revuelven ante los últimos ataques recibidos desde el poder político a propósito de la causa judicial abierta contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han unido sus voces para exigir respeto a su independencia.

Así se ha pronunciado, entre otros, María Jesús del Barco, presidenta de la APM, en declaraciones a Europa Press un día después de hacerse público que un juez de Madrid ha decidido abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez a raíz de una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La noticia desató un terremoto político y llevó al presidente del Gobierno a publicar una carta donde indicaba que se tomaba unos días para meditar si continúa en el cargo.

«Respeto a la independencia judicial», ha demandado Del Barco, presidenta de la asociación mayoritaria de la carrera judicial, en declaraciones a esta agencia de noticias. Por su parte, FJI ha urgido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que «salga al paso» y «pida respeto por uno de los poderes del Estado, cuya labor basada en la independencia de su actuación es esencial en un Estado democrático de derecho».

Portillo ha incidido en que –como ha denunciado en otras ocasiones– «los juzgados y tribunales no son lugar para la contienda política». En este sentido, ha recordado que presentada denuncia o querella ante los tribunales, los jueces están «obligados a proceder de acuerdo con las normas procesales y las leyes».

«Eso quiere decir que, si la denuncia que se presenta ofrece un relato de hechos delictivos, los jueces estamos obligados a investigarlo, independientemente de los intereses políticos que pueda haber detrás, algo en lo que no entramos porque excede el análisis jurídico», ha apuntado.

Sergio Oliva, portavoz de AJFV, ha reclamado el respeto a la independencia judicial por parte de todos los poderes y de la sociedad en su conjunto. Esta asociación considera que no debe entrar a valorar estas diligencias abiertas en el juzgado madrileño, ya que se trata de un asunto jurisdiccional cuyo trámite debe ser respetado en un Estado de Derecho.

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